La trampa justifica los medios

@Riohachaposible -  Angel Roys Mejía

“Como ya no se puede comprar el voto a voto de las papeletas de antaño, los traficantes de tarjetones han salido a negociar, al por mayor, resultados electorales, debidamente escrutados y discriminados por municipios o puestos de votación. Lo que me cuentan es simple. No se compran votos sueltos, se compran resultados”.  En Blanco y Negro, columna de Juan Lozano en el diario El Tiempo con fecha de 10 de septiembre de 2001 y citada por Jose Manuel Abuchaibe en el texto – Como se logró la gobernación de La Guajira ante el Consejo de Estado año 2003.    

En el año 2003 la sala quinta del consejo de Estado concedió razón a la demanda interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe por los resultados de los comicios del 29 de octubre del año 2000, en la que Hernando Deluque Freyle resultó elegido gobernador derrotando a Jorge Ballesteros Bernier, a escasos 6 meses de terminar su mandato se produjo este hecho jurídico, que dicho sea de paso, trastocó la política regional, pero no sentó precedente.

Alterar los resultados electorales es una empresa sistemática y casi perfecta que involucra niveles de corrupción electoral que permean las altas esferas del Estado. Desde la Registraduría nacional se contratan las empresas de digitación, el suministro del material electoral y las firmas que determinan la escogencia de los jurados. De paso el gobierno ha dilatado por años la implementación del voto electrónico para seguir prohijando carruseles de fraude que dan al traste con la transparencia institucional y cuestionan la democracia misma.       

En el año 2012 el país se estremeció en desarrollo de las elecciones atípicas para escoger gobernador del Valle del Cauca cuando a 24 horas de los comicios las autoridades descubrieron una especie de “Registraduría paralela” que pretendía desarrollar un moderno fraude informático consistente en adulterar la información suministrada por la empresa contratada para la transmisión de datos. En el hecho delictivo participaron funcionarios de la Registraduria Nacional y de la seccional.

En el 2000 en La Guajira, la concupiscencia de los jurados para alterar las actas, el comercio de cédulas clonadas, el trasteo y la trashumancia de electores y 12 años después en el valle, un fraude técnico sofisticado casi imposible de detectar aunque descubierto apenas a tiempo, pone en evidencia la fractura moral del poder electoral y la conducta de la dirigencia bajo instintos mafiosos para asegurar con trampa lo que las ideas y el buen nombre le pueden trasquilar.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE) más de la mitad de municipios del país presentaban riesgo extremo de incurrir en acciones fraudulentas en desarrollo de las elecciones de 2015 en un estudio que revelaba un mapa de riesgo elaborado por esta organización civil. Así las cosas este monstruo de mil cabezas que suplanta la voluntad popular se sigue alimentando y renovando en cada proceso y sin remedio aparente en la despensa legal del país.

Aquella tesis “laureada” de la trampa electoral que rezaba que quien escruta elige ha ido dándole lugar a una nueva forma y perversa de gobierno alevoso del derecho al voto impulsada por el jurado y el digitador.  Una nueva mafia que va a un paso adelante del poroso sistema electoral del país que juega con “paquetes”  que configuran ventajas definitivas para un resultado por encima de la voluntad ciudadana y confirmatoria de que en materia de fraude las regiones de Colombia siguen aferradas a las trampas hechas a la medida de la ley.

La preocupación de un certamen electoral por la conquista del voto, por seducir con propuestas y mensajes que calen en el sufragio consciente está siendo sustituida gradualmente por atizar la vigilancia, por la desconfianza en las autoridades electorales y en sus auditajes, golpeando la esencia del principio constitucional de elegir y ser elegidos. En una nación como Colombia, en la que se ha aniquilado toda una vanguardia de dirigentes para impedir por medios violentos su llegada al poder, no deja de ser igualmente violencia que exista un sistema paralelo para “torcer” la voluntad expresada en las urnas. Un jurado por ejemplo en una rincón apartado de la geografía regional que conspira con la transparencia, conocido el reporte de los primeros resultados  puede implementar su ritual propio de voluntad electoral y empezar a impulsar tarjetas no marcadas, darle una “ayudita” a los que solo marcaron el partido, anular tarjetas de candidatos contrarios a sus afectos, en fin una fiesta de la antidemocracia cercana a la anarquía del voto y cometida por un delincuente.

Le asiste ahora a la organización electoral de los partidos y movimientos la tarea estratégica de preparar a los jurados en cuya función como alfiles de los sufragantes debiera reposar la confianza de un proceso de singular importancia para los pueblos, pero que hoy se trastoca en la fabulesca escena de entregar los pollitos al cuidado del zorro; dado que la preocupación de las campañas se centra en preparar el plan “B” o chocorazo cuyo principal protagonista es la afinada artimaña del jurado, manipulando resultados, alterando registros y soportando en su arbitraje la voz del pueblo.

A esto se suma la inevitable preocupación de las campañas por implementar pedagogía efectiva ante una tarjeta modificada para las corporaciones plurinominales en las que solo aparecían logos del partido y los números de los candidatos, situaciones  ajenas a ciudadanías acostumbradas a particularizar su decisión por encima de los partidos. El votante busca en la tarjeta el rostro y el nombre de su candidato porque con aquello es que ha establecido familiaridad y para las relaciones de confianza que influyen en el voto, lo que denominan roce o manoseo, el partido y el número no dicen nada.

La duda se equipara a la transparencia en La Guajira donde varias candidaturas a alcaldías, asambleas y concejos pretenderán por vías legales lo que sienten les fue birlado en una democracia cada día mas sospechosa.  Está pasando en el municipio Zona Bananera del Magdalena en los escrutinios, ha pasado en Soledad Atlántico y en Manaure La Guajira y seguirá pasando en el Caribe y el país hasta que el modelo de nación se siga edificando sobre una clase dirigente glorificada en el chanchullo. Sigue recreando tradición en el subconsciente colectivo aquel  “chocorazo de Padilla”, centenario fraude histórico fraguado entre paredes de cal y consumado a lomo de mulas en el trayecto al círculo electoral que recibía los registros de las provincias de La Guajira y que aseguraron los votos necesarios para ganar la presidencia. Ahora, las mulas y la cal son arreadas por los jurados.