A
todas luces la actuación del gobierno al fijar mecanismos para intervenir los
departamentos de Chocó, Putumayo y recientemente La Guajira a la a luz de los
resultados arrojan mas bulla que cocos, obedecen a una premeditada reforma
constitucional que pretende recuperar gradualmente el control del estado sobre
los recursos que son transferidos a los entes territoriales y que revestían a
los mandatarios locales de una mediana autonomía en la orientación del gasto
público y en la descentralización del desarrollo. En los 16 años recientes se
ha configurado un notorio regreso al centralismo vía modificación de la
constitución.
La
intervención cuyo costo según el documento Conpes 3883 de febrero de este año
puede alcanzar los 30 mil millones de pesos en tres años, para los sectores de
salud, Educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico, y
que para solo educación en materia fiduciaria, interventoria, gastos de
personal y gastos de viaje y desplazamiento tiene un costo de algo mas de 11 mil
millones de pesos, permite inferir que le están aplicando un caro tratamiento a
un paciente diagnosticado a la carrera.
Si
se mira en detalle las razones que expresa la comisión del gobierno sustentada
en el documento rector que tienen que ver con la existencia de problemas en el
envío y en la calidad de la información la
identificación de incumplimiento en la ejecución de los recursos del SGP y un
uso ineficiente o inadecuado de estos recursos; como por ejemplo que se hallan,
superado en 113,2 % el tope autorizado para gastos administrativos del
departamento de La Guajira. En ninguna se estima una razón que procure por la
mejora en los estándares de educación del departamento. No se fijan indicadores
para disminuir el analfabetismo, no se configuran acciones en procura de
mejores resultados en las pruebas o de evaluar el desempeño docente en la
región. Es una tarea meramente contralora de los recursos, yendo mas allá, de
determinar como se contrata y con quien se contrata.
Es
tan inocua y a la vez compleja la intervención que ella misma se ha venido
desmantelando en un corolario de imporovisaciones que han provocado las
renuncias de José Martin Hincapie, a escasa una semana de haber sido
delegado, y de portar un morral con mala
fama por sus manejos en la intervención en Chocó. En este departamento por
ejemplo, intervenido desde el 2009, periodo en el cual el
pasivo educativo pasó de $37.775 millones a $ 91.773 millones. Sendos Informes de prensa,
apreciaciones de columnistas de la región y análisis de expertos coinciden en
asegurar que los resultados en el Chocó luego de varios años de injerencia
envían un mensaje de que la intervención desde Bogotá no necesariamente asegura
que mejoren las condiciones en los territorios, como bien lo señala un
editorial en el periódico Choco 7 días de julio de 2009 “En resumen, las intervenciones que el
gobierno nacional ha efectuado en el Chocó no han aportado recursos económicos
ni soluciones a los males que originan los problemas. Solo han servido para
tender cortinas de humo y estigmatizaciones generalizantes, han aumentado la
corrupción y el desorden, han llevado las entidades a la liquidación y a
negociados y entregas a consorcios privados y han violado los derechos
regionales.”
Así las cosas, si la
agenda del gobierno se empeña en seguir desarticulando las necesidades de la
región de los intereses del centro, el espaldarazo que viene a darle el
presidente al gobernador encargado, puede convertirse en un manotazo que lo estrelle contra el suelo antes de
mostrar los resultados esperados, y de paso sepultando el ultimo pertrecho de
esperanza que aun queda.
Articulo publicado en el mes de abril en Diario del Norte y en el portal guajirapres.com
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