"Bailando el indio"

“Bailando el indio”

@Riohachaposible

Hace algo más de 3 lustros el estado colombiano decidió vender su participación en la explotación  del carbón de La Guajira a través de Carbocol en un controvertido negocio que representó para la nación 384 millones de dólares, con cuestionamientos que se fueron diluyendo en el tiempo de parte de la Controlaría y el Senado. En la apreciación del ente fiscal el precio fue castigado en 60 millones de dólares menos para Colombia en favor de las multinacionales  Anglo American, Glencore y Billiton.

En esta pifia de la historia económica de la nación y de la suerte de La Guajira son notables la participación protagónica de personajes como Andrés Pastrana presidente de la época, Juan Manuel Santos Ministro de Hacienda y del guajiro Nelson Amaya que desde entonces desapareció de la arena política del departamento. Paradójicamente una de las razones de la venta fue el argumento de que la empresa estaba generando pérdidas para la nación.

Al margen de estos indicios la actuación de la región en las decisiones que terminaron con la venta de la empresa fue a todas luces marginal y en la operación primaron las recomendaciones del Banco Mundial para la recuperación “fiscal” del país y los intereses del centro sobre inversiones como la cacareada represa del Ranchería. Efectivamente del 10 por ciento de los recursos generados por la transacción, 35 mil millones de pesos debían contribuir a la financiación del macro proyecto, 50 mil destinados a aliviar la crisis de pensiones y 14 mil millones – que aún están en el limbo-  para proyectos en las comunidades indígenas del departamento. E aquí donde se cumple más de una década “bailando el indio” especialmente en la aguda crisis que padecen las comunidades de La Guajira.

La prensa nacional en un ya premeditado esfuerzo reporteril ha sitiado a La Guajira, señalando fenómenos históricos como el contrabando, la gasolina, la sequía, la corrupción y el hambre como si en la estructura del estado el departamento gozara de autonomía en sus finanzas, los dirigentes y mandatarios no hicieran parte de la hegemonía de décadas de los partidos tradicionales orquestados desde el centro y desde la hacienda pública no se oprimiera de manera perversa, como en el caso de los 14 mil millones de pesos para las comunidades indígenas, escondidos en los vericuetos de las finanzas del estado y de la Dirección Nacional de Planeación.    

En el 2002 se produjo el documento Conpes 3173 a través del cual se implementaba un “Programa de Inversiones en el Departamento de La Guajira con cargo al 10 por ciento de la enajenación de la participación de Carbocol en el contrato de Asociación celebrado con Intercor”  para lo cual se indicaba la concertación entre las Gobernación y las alcaldías para determinar la inversión y se precisaba que el 29.73 por ciento es decir, 14.808 millones de pesos serían destinados a financiar proyectos de iniciativa local y de las autoridades indígenas del departamento.

Desde entonces y hasta ahora los recursos asignados se han perdido en una entelequia interminable entre la Nación, sus entidades y el Departamento. Tarea a la que con juicioso detenimiento le ha hecho seguimiento el profesional wayuu Jarlen Garrido, en cuyo expediente figuran las solicitudes y peticiones elevadas al nivel central para reclamar las urgentes inversiones que demanda la nación wayuu y demás comunidades indígenas beneficiarias de los recursos. Parece que la nación espera como en 100 años de soledad que a La Guajira le caiga la peste del insomnio y con el tiempo olvide lo que le compete, para que por vía de la desidia y de la enfermedad del centralismo se tomen determinaciones para nuevas apropiaciones que cambien su naturaleza inicial.   

Se cierne sobre esta inequidad la urgente necesidad de interponer las acciones legales y las reclamaciones de hecho que reivindiquen para la región la esquiva justicia para la provincia que ya parece convertirse desde la antítesis en política de estado.   

Hoy con su inmensa potestad quiere La Guajira ver al ministro Amylkar Acosta poniéndose como entonces, del lado del departamento, como cuando en candente debate en el congreso señalaba que la nación le había hecho “conejo” a la región con este negocio y deponga sus buenos oficios para que por lo menos las migajas del funesto negociado ayuden a mitigar las multiplicadas necesidades de la península.