Angel Roys Mejía @Riohachaposible *
En estos días en los que el
papel de los virreyes, gerentes y doctores está tan vilipendiado por que
terminan por no ser ni lo uno ni lo otro. La sociedad guajira montada sobre la ola
de las redes sociales que cada semana provoca un nuevo tsunami público de
opinión; surfea hoy sobre la premeditada y sistemática estrategia del gobierno
capitalino de imponer su criterio de desarrollo interviniendo la región con la
promesa de ser dueños de la prosperidad deseada.
Un modelo que desde
comienzos del nuevo milenio ha venido desdibujando el espíritu descentralizador
de la constitución de 1991, definiendo prioridades del gasto público de las
regiones; a través de actos legislativos, leyes y decretos, que establecen
sobre los presupuestos regionales un vendaval de apropiaciones con destinación específica.
El control y la intervención
sumado a la actuación de los gobiernos es ya una inveterada política de estado,
una doctrina llevada al extremo y que ha llegado a la estatificación de los
instrumentos de producción —tierras, minas, aguas, bosques, fábricas,
almacenes, servicios— por esta vía se vendió Carbocol y nunca o poco se supo
que le correspondió a La Guajira, se hizo la represa pensando en los
empresarios del campo en detrimento de la sed de todo un pueblo y secuestraron
las regalías para repartir la mermelada en toda la tostada de la nación,
asegurando con plata el resultado electoral; entre otros variados aspectos.
Ejemplo de lo anterior el 30
de julio del 2014 en medios nacionales la entonces ministra de Ambiente, Luz
Helena Sarmiento, aseguró que parte del desabastecimiento de agua en La Guajira
obedece a una “torpe” planeación del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe
Vélez, refiriéndose a lo invertido en la Represa del Ranchería. En esta parte
del rosario de culpas queda en evidencia más que los señalamientos, la prueba
de que detrás de las decisiones que afectan a los territorios está el gobierno
del interés privado y el lenguaje de poder del centro. La represa hoy le cuesta
al estado más de 20 mil millones en mantenimiento anual, mientras las obras del
distrito de riego llevan más de un lustro congeladas en el capricho
intervencionista.
De esto no escapa el Plan
Departamental de Aguas que se impuso por encima de todos los ejercicios
prospectivos del departamento, para darle solución definitiva a los sistemas de
provisión de agua potable de los municipios guajiros; encasillando las finanzas
territoriales en una deuda onerosa de 90
millones de dólares con los que se prometía lograr coberturas de servicios casi
en su totalidad. Este año se debe empezar a pagar la deuda que se amparaba en
parte en la solvencia que daban las regalías al gasto regional cuando se
previeron las vigencias futuras. La realidad es que este negocio solo les dio
réditos a los intermediarios y al tropel de contratistas, interventores y
concesionarios que financian la democracia hecha agua en cada elección.
Esta sin salida cuyo remedio
es el propio veneno que ha vertido el gobierno en las regiones; es una reacción
en cadena del mito de las regalías redentoras que se fueron esquilmando a manos
de capos invisibles que siguen sin pagar sus pecados y que dieron origen a un
nuevo régimen económico, en el que el gobierno en cabeza de la nación vuelve a
concentrar el gasto público y a centralizar la planeación de la inversión del
país que se había perdido, reconstruyendo un nuevo Estado social de derecho
sobre el esqueleto mudo de la constitución del 91. Aquí
sobra decir que la culpa también ha sido de la vaca que de tanto ser ordeñada
se cansó de dar la leche.
Si la gobernadora entrega
las llaves de esta locomotora que aún no arranca, se perderá el último
resquicio de autonomía fracasando de paso una generación de dirigentes en cuya
capacidad recae haber permitido que La Guajira se convirtiera en el virreinato
de la Provincia de Padilla.
* Articulo publicado en la edicion del 30 de abril de 2016 de Diario del Norte y en el portal web Guajirapress.com
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